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Sitio de la Central de Trabajadores de la Argentina - Provincia del Neuquen
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NUEVAS TRABAS PARA EL INICIO DEL RELEVAMIENTO TERRITORIAL EN NEUQUEN

Los acuerdos entre el gobierno nacional y el provincial son la principal causa para que no se aplique la Ley Nacional 26.160 y se sigan desconociendo los territorios mapuches

15/05/3012 – Odhpi) El Gobierno de Neuquén hace seis años que se niega a aplicar la Ley 26.160, que ordena relevar los territorios indígenas. La norma está vigente desde 2006, pero el gobierno provincial y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) demoran el relevamiento de las comunidades mapuches de Neuquén. La última muestra, la reunión del martes 14 de mayo, en la que el Gobierno impuso los técnicos y que finalizó con el rechazo de las autoridades mapuches.

En noviembre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó suspender los desalojos de las comunidades e instó a realizar un relevamiento catastral en todas las provincias (puso al frente de la realización al INAI). La muy demorada aplicación de la norma implicó que, en 2009, fuera prorrogada hasta 2013.

El 15 por ciento de la población de Neuquén se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas. Es una de las provincias con mayor población, y organización indígena.

Pero recién en 2012 se firmó en Neuquén el convenio para la ejecución de la Ley 26.160. El gobierno provincial y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se negaban a dar participación a las comunidades indígenas.

El primer intento de ejecución del relevamiento en Neuquén se frustró en 2009 cuando el INAI dio de baja el Convenio Marco firmado con la Universidad Nacional del Comahue. La cancelación se debió al a un acuerdo entre el gobierno neuquino y Nacional.

Y el relevamiento aún no comenzó. Y parece que no comenzará.

El martes pasado se reunieron autoridades mapuches, funcionarios del gobierno de Neuquén y del INAI. Primera sorpresa: en lugar de consensuar acciones, los funcionarios se dispusieron a sólo “informar” lo que “debía hacerse”. Segunda sorpresa: Gobierno e INAI pretenden dejar fuera del relevamiento inicial a las comunidades que enfrentan conflictos.

Este punto fue el que provocó las mayores críticas de las comunidades. Entienden que las comunidades con conflictos territoriales deben ser las primeras en ser relevadas y comprendidas en la Ley 26.160.

Tercer punto: de los 20 técnicos que serán parte del equipo de relevamiento, Provincia e INAI impusieron a 17, incluso a abogados con nula experiencia en derecho indígena, que no han acompañado a comunidades mapuches ni conocen la realidad de los conflictos territoriales.

“Nos vamos muy descontentos porque vemos que no hay voluntad política del gobierno provincial en agilizar este tema. A pesar de que lleva seis años de vigencia la norma para realizar el censo, Neuquén es la única provincia que no ha logrado que esta ley se ponga en ejecución. Hay que frenar desalojos y causas judiciales y por eso las comunidades (con conflictos) deben estar en el censo ahora”, denunció Rolando Quilaleo[1], representante zonal de Huiliche en la Comisión Interjurisdiccional, al diario Río Negro.

Tanto los representantes Consejo de Participación Indígena (CPI) como los mapuches designados para el equipo técnico operativo (uno por cada zonal) salieron de la reunión indignados pero con una fuerte unidad de acción frente a las maniobras de ambos gobiernos. Sostuvieron que los puntos problemáticos son porque tanto el INAI como la Provincia no quieren respetar el espíritu de la Ley para resolver conflictos territoriales ni garantizar la participación indígena que está establecida en la reglamentación.

El Informe 2013 del ODHPI, publicado el mes pasado, detalla que 347 miembros del Pueblos Mapuche enfrentaron (y enfrentan) procesos judicial desde 2005 hasta 2012. “Los datos mencionados muestran que el objetivo del Estado en la utilización del sistema penal contra los mapuce tiende a perseguir las acciones que demuestran ejercicio de derechos (…). El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para, en definitiva, transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”, resume el informe.

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