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82 % MOVIL: LA DISTANCIA ENTRE EL DISCURSO Y LA REALIDAD

La participación de la sociedad en las discusiones de los proyectos de ley es indudablemente saludable. Asistimos estos días a una clara muestra con el debate de la ley de matrimonio igualitario. Podría pasar lo mismo con el proyecto de ley de jubilaciones del 82% móvil. Por ahora, sin embargo, las discusiones están embretadas en falsos debates. Por Matías Cremonte - Director del Departamento Jurídico de ATE-CTA

Desde un sector de la oposición se declama el derecho, pero no se indica cómo sustentarlo económicamente, lo que no es menor, ya que seguramente el dinero debe salir desde muchos sectores patronales por ellos representados. Desde el Gobierno se desacredita el proyecto por los antecedentes de sus promotores –con razón, ya que efectivamente ese sector de la oposición, junto con parte de lo que hoy es el oficialismo, fueron los impulsores de la rebaja de las jubilaciones a fines de los ’90–, al tiempo que se afirma que es imposible que los jubilados tengan una jubilación del 82% móvil, ya que no existirían fondos para ello. Valga la salvedad respecto del interbloque de Proyecto Sur que no sólo nunca acompañó una rebaja en los salarios o en las jubilaciones, sino que siempre bregó por una jubilación digna, y su proyecto incluye la fuente de financiamiento: los fondos de la ANSES y la restitución de las contribuciones patronales que redujo Cavallo y ningún gobierno posterior revirtió. Pero, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al 82% móvil? La Constitución Nacional garantiza el derecho a todos los trabajadores a una retribución justa y un salario mínimo vital y móvil, que la Ley de Contrato de Trabajo define así: la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento. En dinero, actualmente la cifra ronda los 4.000 pesos. Las jubilaciones y las pensiones, en nuestro sistema, se vinculan con el salario que el trabajador tenía antes de jubilarse, es decir, al salario de actividad. Sin embargo, en la Argentina de hoy, más del 70% de los jubilados cobra la jubilación mínima, que es de 897 pesos. Y aunque es más que obvio que el 70% de los trabajadores no percibía al jubilarse un salario mínimo, ni siquiera se trata del 82% del salario mínimo tal como la ley lo define. Hoy el salario mínimo vital y móvil no alcanza ni el 50% de lo que debiera ser según su definición legal. Y las jubilaciones rondan el 50% del salario mínimo. El ministro de Economía, Amado Boudou, asistió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores que discutía el proyecto y expresó: “Primero discutan cómo quieren financiar lo que proponen y después digan, dentro del gasto público, si quieren bajar el gasto en educación, en salud, etcétera”. Uno pudiera pedirle al ministro con la misma lógica, que les explique a los jubilados que cobran $897 –cuando para vivir dignamente se necesitan $4.000– qué cobertura eliminan de sus necesidades, si la alimentación adecuada, la vestimenta, la vivienda digna… Y más allá de la ideología del ministro formado en el neoliberalismo –económicamente en el CEMA de Roque Fernández y políticamente en la UCeDé de Álvaro Alzogaray–, otros miembros del Gabinete nacional batallan con lo mismo: ¿de dónde sale la plata para pagar esas jubilaciones? La respuesta es bastante sencilla: los fondos de la ANSES y la restitución de las contribuciones patronales; la pregunta es, ¿porqué no se hace el mismo cuestionamiento para hacer otros gastos? ¿A usted le preguntaron de dónde sacar el dinero para pagarle al FMI en el 2006? ¿O a los bonistas este mismo año? No, no se lo preguntaron. No se debatió con la sociedad tamañas decisiones. Y más precisamente aún, ¿se consultó con los trabajadores qué hacer con el dinero fruto únicamente del trabajo humano, que entra mes a mes en la ANSES? No se consultó. En nuestro país siguen exentas de impuestos las transacciones financieras, y los bancos tienen ganancias superiores en la actualidad que las que tenían en los ’90. ¿Porqué se favorece esa actividad parasitaria y se utiliza sólo el recurso fruto del trabajo? No parece progresista premiar a los financistas, mientras se somete a más del 70 % de los jubilados a un ingreso de 897 pesos. Así, entre la hipocresía de gran parte de la oposición, y la distancia entre el discurso y los hechos del Gobierno, nos proponen un debate falso, que sólo puede ser enriquecido si realmente se somete a discusión de la sociedad qué hacer con el dinero público. Por ejemplo, si se garantiza un ingreso digno a los jubilados o si se mantiene en situación de privilegio a los banqueros.

*Director del Departamento Jurídico de ATE-CTA

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