cabeza
barracabeza
Sitio de la Central de Trabajadores de la Argentina - Provincia del Neuquen
contenido
bloquearriba

PRESENTACION DE LA CTA ANTE LA OIT POR EL CONVENIO 169

Comentarios de la CTA: Estado de vigencia del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

OBSERVATORIO DE RERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Presentación de la CTA ante la OIT por Convenio 169

COMENTARIOS DE LA CTA: ESTADO DE VIGENCIA DEL CONVENIO Nº 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES.

1. Introducción 2. El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Estado argentino en el año 2000. Sin embargo la mayoría de sus normas aún permanecen incumplidas y la legislación nacional aplicable es incompatible con ellas. Dicho Convenio obliga al Estado a respetar las instituciones propias de los pueblos indígenas, su identidad, tradiciones, valores, prácticas sociales, religiosas y culturales, sus autonomía en materia de desarrollo, sus métodos de resolución de conflictos, la posesión y propiedad de sus tierras, territorios y recursos y la participación colectiva en todas las decisiones que los afecten. Ello implica, además de modificaciones legislativas sustanciales, una transformación profunda de las estructuras estatales que se relacionan con los pueblos indígenas, especialmente en los ámbitos judiciales, en la elaboración de normas generales y en la administración de las tierras, los recursos naturales, la educación y la salud. Ninguna de las referidas áreas, ni las legislaciones respectivas, tanto en el orden federal como en las provincias receptan las normas del Convenio 169 y en los pocos casos en que alguna legislación menciona a los derechos indígenas, ella carece de adecuado cumplimiento en la práctica. Agrava esta situación que dada la estructura federal del Estado argentino, las principales decisiones relativas a los pueblos indígenas son competencia de los gobiernos provinciales sin que el Estado federal haya hecho uso de sus atribuciones para uniformar los estándares mínimos de los derechos establecidos en el Convenio 169, lo que implica delegar el cumplimiento de sus compromisos internacionales a las autoridades locales. En este marco, contando con la colaboración del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, describiremos las principales obligaciones estatales que resultan del Convenio 169 y la omisión de su cumplimiento. 2. La participación en las decisiones que afectan a los pueblos indígenas. El Convenio obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, así como a establecer los medios a través de los cuales dichos pueblos puedan participar en la adopción de decisiones en instituciones u organismos responsables de políticas y programas que les conciernen. Las consultas deberán ser realizadas de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. En ninguno de los niveles estatales, sea en el orden federal, provincial o municipal, existen las estructuras institucionales aptas para realizar tal participación. Las agencias gubernamentales encargadas de la administración de justicia, tierras, recursos naturales, educación, salud y desarrollo social, por señalar los ámbitos de mayor relevancia para los pueblos indígenas, carecen de los mecanismos de consulta requeridos por el Convenio. Únicamente se receptan ciertas formas de presencia indígena, con un nivel inferior a la participación establecida en el Convenio, en algunos departamentos estatales encargados de las relaciones o la política hacia los pueblos indígenas. Se detallará el proceso de restricción a la participación desarrollado en el organismo federal, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.) porque es un ejemplo paradigmático de las prácticas estatales. Este instituto fue creado por la ley 23.302 con la finalidad declarada de diseñar y llevar a cabo las políticas del Estado respecto de los pueblos indígenas, contemplándose una forma de presencia minoritaria indígena en un Consejo de Coordinación asesor, sin que se establecieran mecanismos para que la consulta fuera un proceso tendiente a lograr el consentimiento. Para determinar dicha representación, la Resolución 152 del año 2004 del I.N.A.I. creó un Consejo de Participación Indígena (CPI) que tenía como misión proponer los mecanismos de designación de los representantes indígenas “con carácter no vinculante”, lo que implicaba que la decisión final acerca de las formas de institucionalidad indígena se hallaba en manos de los funcionarios del Estado y no de los propios pueblos representados. Además la Resolución establecía que la oportunidad y la periodicidad de la convocatoria a los representantes indígenas para las reuniones del CPI quedaban sujetas a la decisión del presidente del I.N.A.I., que no es indígena sino un funcionario del Estado. No obstante esos severos límites el CPI por sí mismo, una vez establecido en el año 2005, creó su propia mesa coordinadora de carácter permanente que funcionaba en la sede del I.N.A.I., con oficina y recursos propios, y se reunía con una periodicidad quincenal. En el año 2006 el CPI presentó al I.N.A.I. una propuesta de modificación de la estructura de este organismo para que contara con real participación indígena permanente. Nunca recibió una respuesta. En el año 2007, el Estado argentino, violando los compromisos asumidos con el CPI, designó a nuevas autoridades del I.N.A.I. sin intervención ni consulta con los pueblos indígenas. Las nuevas autoridades derogaron la Resolución 152/2004 y designaron por su propia cuenta a los miembros indígenas del Consejo de Coordinación, sin participación del CPI ni de las comunidades ni asambleas de pueblos. El CPI fue privado de sus recursos y sólo se mantuvo como un número de representantes provinciales dispersos que no se reúne desde el año 2007. Así quedó reducido el principal ensayo de “participación indígena” en todos los niveles del Estado. 3. Derecho a mantener las propias instituciones y a gobernarse por ellas. Los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Convenio, en concordancia con el artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconocen el derecho de dichos pueblos a mantener, conservar y reforzar sus propias instituciones. Sin embargo, la legislación nacional sólo considera a las comunidades indígenas con carácter de “asociación civil” de derecho privado (artículo 19 del Decreto 155 del año 1989 y normas similares de jurisdicción provincial), lo que impide que se les reconozca el ejercicio de la autonomía y el gobierno de sus propios asuntos en sus territorios. La personería de las comunidades, por otra parte, sólo se otorga luego de complicados y largos trámites en donde además influyen las presiones contrarias de los intereses de los grupos locales, económicos y políticos. Mas grave aún es la omisión legislativa respecto a las instituciones indígenas representativas de cada pueblo. En los casos en que éstas pretenden tener personalidad jurídica, carecen de todo reconocimiento en su carácter representativo indígena y deben adecuarse a formas de organización concebidas para las entidades privadas sin fines de lucro, sujetas a control e intervención estatal permanentes. Ninguna legislación garantiza el ejercicio de los métodos propios indígenas de resolución de conflictos ni el reconocimiento de sus costumbres o su derecho consuetudinario por los órganos estatales. La vida interna de dichos pueblos, incluyendo las relaciones familiares, se halla continuamente amenazada por la intervención de autoridades judiciales o administrativas que aplican el derecho civil o penal de la cultura hegemónica con exclusión de toda norma o práctica consuetudinaria. Tampoco existe legislación que garantice el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en materia de desarrollo y en la protección del medio ambiente, así como a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes generales susceptibles de afectarles directamente y a evaluar la incidencia social, espiritual y cultural que dichos planes puedan tener sobre su vida. En suma, con excepción de una limitada personería de las comunidades, el Estado argentino no reconoce a las instituciones indígenas y en ningún caso admite el ejercicio de los derechos de autonomía establecidos en el Convenio. 4. Derecho a la posesión y propiedad de las tierras, territorios y recursos naturales. La posesión y la propiedad inmuebles se encuentran legisladas por un código civil de ideología liberal individualista que no recepta las características propias de las culturas indígenas. En dicho código la protección de la “posesión” se reconoce sólo cuando existe utilización de la tierra como objeto de dominio económico, lo que es incompatible con los aspectos colectivos de la relación indígena con sus territorios y la importancia especial que éstos revisten para sus culturas y valores espirituales. En cuanto a la “propiedad”, de acuerdo al código civil se adquiere y transmite como bien de mercado mediante los modos legislados y ello otorga título suficiente para desalojar a los ocupantes. El derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan aparece mencionado en normas constitucionales, pero al carecer de regulación legislativa no es reconocido por los particulares ni por las administraciones estatales. La falta de protección legal a la relación indígena con las tierras y territorios, ocasionó innumerables abusos e históricos despojos por parte del Estado y de los particulares en perjuicio de los pueblos indígenas. Estos conflictos, que no cesaron ni siquiera luego del reconocimiento constitucional de los derechos indígenas ni de la ratificación del Convenio 169, fueron resueltos habitualmente mediante el desalojo de las comunidades. En vista de esta situación, en el año 2006 el Estado dictó la ley 26.160 que ordenó suspender los desalojos por cuatro años, término durante el cual se realizaría un estudio y relevamiento de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas, pretendiendo con ello dar inicio al cumplimiento del artículo 14 del Convenio. Sin embargo, por el carácter “de emergencia” de la referida ley, su aplicación por parte de los jueces es excepcional y continúan ordenándose desalojos de comunidades indígenas sin que órgano estatal alguno haga cumplir la suspensión. Por otra parte los estudios de “relevamiento”, que debían realizarse en los primeros tres años de vigencia de la ley, recién han sido iniciados y ninguna norma establece que sus resultados sean obligatorios para los particulares y todos los órganos estatales, ya que, como se expuso, la propiedad y posesión indígenas carecen de estatus legal como derechos diferentes de la legislación civil. Además las leyes penales no protegen los derechos indígenas sino la propiedad civil, lo que ocasiona que en todo el territorio nacional se encuentren cientos de miembros de comunidades indígenas procesados por delitos de “usurpación”, o “desobediencia” ante la resistencia ofrecida a las órdenes de desalojo, y no se conozcan casos de procesamiento de quienes mediante abusos han despojado a los pueblos indígenas de sus territorios. Tampoco hay protección legislativa a los derechos indígenas sobre sus recursos naturales ni mecanismos legales que aseguren la consulta y participación indígena en los casos de explotación minera o hidrocarburífera. Ni el código de minería ni la ley nacional de hidrocarburos contienen alguna referencia al derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la utilización, administración y conservación de sus recursos y a que la explotación de éstos no ponga en peligro su cultura. En consecuencia los pueblos indígenas son tratados por el Estado como cualquier propietario “superficiario” y los territorios de las comunidades son incorporados a la explotación empresaria autorizada por el Estado, poniéndose en peligro la vida de relación, las tradiciones y la cultura propia. También en estos casos la resistencia indígena para hacer valer los derechos establecidos en el Convenio da origen a persecuciones penales. 5. La educación y la salud. Si bien la ley nacional de educación, Nº 26.206 establece entre sus objetivos “asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as”, ello se reduce a una declaración no operativa en tanto no se acompaña de programas estatales para su cumplimiento ni se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a crear las propias instituciones educativas y a recibir los recursos adecuados para sostenerlas. Tampoco la implementación real de las normas educativas cumple con las obligaciones estatales establecidas en el Convenio 169. No se han receptado mecanismos de participación indígena en los distintos niveles de la administración educativa ni se han modificado sus normas organizativas ni los contenidos y las formas de enseñanza. Esta se realiza siempre en idioma castellano, aún en los casos en que la lengua materna es indígena y los contenidos curriculares, las formas pedagógicas y los materiales son los de la cultura hegemónica. Aunque en algunas jurisdicciones se enseña el idioma indígena como una materia más, siempre en el contexto de una enseñanza castellanizada, las escuelas de las áreas indígenas no tienen otra diferencia con las restantes, salvo que los recursos dispuestos para ellas son inferiores a los que se precisan para que el nivel de enseñanza se mantenga en un pie de igualdad con el resto de la población. Nunca se ha cumplido con la ley 25.607, dictada en el año 2002, que ordena la realización de una campaña de difusión e información sobre los derechos de los pueblos indígenas. Tampoco hay programas nacionales tendientes a preservar los idiomas indígenas y a promover su uso y desarrollo. En cambio la ley de radiodifusión 22.285, sancionada durante la dictadura militar de 1976-1983, garantiza la homogeneidad del idioma y la cultura dominantes. La visión oficial de la historia es denigratoria de las culturas indígenas y promueve los prejuicios raciales en su contra. Las calles, paseos, plazas, ciudades, monumentos y en general los lugares públicos, llevan los nombres oficiales de personajes históricos conocidos por su aversión, desprecio y acciones genocidas hacia los pueblos indígenas, sin que los nombres de la historia propia indígena tengan una dimensión siquiera aproximada. En resumen, mas allá de declaraciones de buenos propósitos, la política de la administración estatal de la educación, la comunicación y la cultura, promueve decididamente la subestimación y desaparición de las culturas indígenas. En mayor medida aún los sistemas de salud son violatorios de las disposiciones respectivas del Convenio 169. Por una parte la cobertura sanitaria de las áreas indígenas es deficiente, carente de recursos e inferior a las de las regiones de población no indígena. Los pueblos indígenas muestran grados de desnutrición, vulnerabilidad a enfermedades epidémicas y mortalidad infantil en proporciones superiores a las del resto de la población y la calidad de sus vivienda así como sus promedios de vida resultan sensiblemente inferiores a la media. Tampoco se cumple con la obligación de organizar los servicios de salud a nivel comunitario con la participación indígena ni se ha incorporado la recepción de sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 6. Las condiciones de trabajo. La legislación laboral omite completamente considerar las características especiales de los trabajadores indígenas. No hay normas que protejan su cultura, sus pautas de actividad ni sus ausencias por fiestas religiosas en los ámbitos laborales. Tampoco se han establecido mecanismos especiales de información de los derechos para los trabajadores indígenas. Los servicios de inspección del trabajo, que son deficientes para la generalidad de los trabajadores, resultan prácticamente inexistentes en las áreas de mayor empleo indígena. La discriminación sistémica en relación al acceso de los miembros de los pueblos indígenas al trabajo decente produce como resultado una sobrerrepresentación de éstos en los puestos inferiores y marginales, especialmente en los trabajos llamados “en negro” realizados al margen de la supervisión legal, y como contrapartida una práctica unanimidad de la presencia de miembros de la etnia “blanca” dominante en los cargos jerárquicos o de dirección. Este escenario se mantiene inalterado en el ámbito del empleo público. Ninguna norma legislativa se ha dictado con la finalidad de revertir esta discriminación. 7. Acceso a la justicia. La ausencia de una efectiva protección judicial de los derechos indígenas es a la vez un incumplimiento de las obligaciones estatales del Convenio 169 y una de las causas principales de la persistencia de las restantes violaciones descriptas. Ninguno de los códigos de procedimientos judiciales, en el orden federal o provincial, contiene normas específicas de protección de los derechos de los pueblos indígenas ni garantía de que sus miembros individuales puedan ser representados judicialmente por sus organizaciones o instituciones, tal como lo establece el artículo 12 del Convenio. Ningún procedimiento legal contiene pautas especiales que respeten los tiempos, la elaboración de decisiones comunes y los mecanismos de representación de los pueblos indígenas. Por el contrario, en los procesos judiciales de carácter civil o penal los pueblos indígenas son sometidos a las reglas y pautas de procedimientos de la cultura hegemónica. La composición étnica de los niveles decisorios de la administración de justicia es exclusivamente “blanca”, ya que no hay jueces ni funcionarios judiciales de origen indígena. La obligación de los tribunales de conocer las costumbres o prácticas jurídicas de los pueblos indígenas, establecida en los artículos 8 y 9 del Convenio, no se encuentra legislada en ningún código y los pedidos tendientes a acreditar las diferencias culturales son rechazados en la mayoría de los casos, sin que ello sea considerado por los órganos oficiales como discriminación o ausencia de imparcialidad. El Estado tampoco asegura a los pueblos indígenas o a sus miembros una adecuada asistencia legal. La enseñanza del derecho de los pueblos indígenas no ocupa ningún lugar en la mayoría de las escuelas de derecho ni existe una difusión estatal que subsane esta omisión. No hay departamentos oficiales especializados en la defensa indígena, la generalidad de las defensorías públicas, al igual que los jueces y fiscales, carecen de la mínima formación en los derechos de los pueblos indígenas y lo mismo sucede con las “defensorías del pueblo” (ombudsman) en las jurisdicciones en que éstas existen. Además, los funcionarios y magistrados judiciales residentes en las áreas de mayor población indígena, debido a su nivel económico, su educación en la cultura hegemónica y sus relaciones sociales, participan de los prejuicios y los intereses de los grupos beneficiarios de los despojos y los abusos sobre los pueblos indígenas. Un reciente caso exhibe estos extremos: el “defensor del pueblo” de la Provincia de Formosa, supuestamente encargado de vigilar los incumplimientos de la administración, en lugar de ello ha promovido acciones criminales contra dirigentes indígenas y sus defensores por la realización de protestas públicas. La mayor parte de las defensas legales de los pueblos indígenas se sustenta con aportes voluntarios de profesionales u organizaciones no gubernamentales. Pese a que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.) declara contar con un programa para solventar la asistencia técnico jurídica de las comunidades, puede afirmarse con certeza que estos recursos no alcanzan a cubrir la décima parte de las necesidades de defensa legal y además son provistos con demoras excesivas que no guardan relación con las urgencias ni con los plazos legales a que los pueblos se ven conminados. Ni el código penal ni las leyes de ejecución de penas contienen normas especiales para aplicar a los miembros de los pueblos indígenas. Por su diferente forma de organización social éstos se encuentran entre los grupos más vulnerables a la persecución penal del Estado ya que el catálogo de delitos y los tecnicismos legales de su juzgamiento constituyen pautas extrañas a su modo de vida, las más de las veces incomprensibles. Ello explica que la población indígena se encuentre sobrerrepresentada en los establecimientos carcelarios. 8. CONCLUSIONES. Por las razones expuestas la CTA solicita a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, por intermedio del Departamento de Normas que, a) Tome nota de la falta de cumplimiento del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales por la ausencia de una legislación nacional uniforme que garantice los estándares mínimos de efectividad de los derechos de los pueblos indígenas; b) Tome nota, asimismo, de la falta de cumplimiento del Convenio 169 por la ausencia de mecanismos institucionales de participación y consulta en todos los niveles estatales, federales, provinciales y municipales, en que los intereses de dichos pueblos resultan afectados. c) Tome nota, asimismo, de la incompatibilidad de las normas que estructuran el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y los organismos provinciales encargados de la política hacia los pueblos indígenas, con el Convenio 169; d) Tome nota, asimismo, de la incompatibilidad de la ley 23.302 y de las leyes provinciales que regulan las personerías jurídicas con el Convenio 169; e) Tome nota, asimismo, de la incompatibilidad de las normas del código civil con el Convenio 169: f) Tome nota, asimismo, de la incompatibilidad del código de minería y de la ley nacional de hidrocarburos con el Convenio 169; g) Tome nota, asimismo, de la incompatibilidad de las normas y los sistemas de educación y salud con el Convenio 169; h) Tome nota, asimismo, de la incompatibilidad entre la ley de radiodifusión con el Convenio 169; i) Tome nota, asimismo, de la incompatibilidad entre la legislación laboral general con el Convenio 169; j) Tome nota, asimismo, de la incompatibilidad de las normas de organización judicial y de los códigos de procedimientos judiciales con el Convenio 169; k) Tome nota, asimismo, de la incompatibilidad del código penal y de las leyes de ejecución penal con el Convenio 169.

bloqueabajo
Portada del sitio | Contacto | Mapa del sitio | Archivo | Espacio privado | Estadísticas de visitas | visitas: 182485

Sitio desarrollado con SPIP 1.9.2d + redCTA

     RSS es   ?